QUITO.– El inminente regreso de los racionamientos eléctricos en Ecuador ha obligado al Ejecutivo a reconfigurar urgentemente su estrategia internacional. En un escenario marcado por el descontento ciudadano ante los cortes de luz programados, el presidente Daniel Noboa oficializó la eliminación definitiva de la "tasa de seguridad" aplicada a las importaciones de Colombia. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026, busca destrabar con urgencia los canales de diálogo técnico y aliviar la presión sobre el debilitado sistema energético nacional.
Con 15 provincias y 54 cantones a las puertas de sufrir suspensiones del servicio de hasta cuatro horas, la prioridad absoluta de Carondelet se ha volcado a mitigar la crisis de generación que mantiene al país en vilo.
La crisis energética como detonante del giro comercial
La urgencia por levantar el arancel aduanero responde directamente a la vulnerabilidad en la que quedó el parque de generación ecuatoriano. A finales de enero de 2026, Ecuador implementó de forma unilateral un gravamen del 30% a las mercancías colombianas (afectando a sectores como farmacéuticos y plásticos) con el fin de recaudar fondos para la seguridad fronteriza. La tensión escaló a niveles críticos durante mayo, cuando el Gobierno ecuatoriano elevó el impuesto hasta un techo del 100%.
La respuesta de Bogotá golpeó donde más le dolía al país: el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ordenó la suspensión total de la venta de electricidad hacia Ecuador. Al perder este crucial respaldo extranjero, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se vio obligada a sobreexplotar sus reservas termoeléctricas e hídricas. Esta falta de suministro, sumada a problemas técnicos recientes, terminó por desencadenar el nuevo plan de contingencia y los apagones masivos programados para los próximos fines de semana.
La puja por el costo de la luz importada
El retorno de los racionamientos también desnudó las fallidas pretensiones arancelarias y comerciales de Ecuador frente a las tarifas de energía. Durante los meses de conflicto, los delegados técnicos ecuatorianos intentaron presionar para que Colombia congelara el precio de la electricidad transferida en 1,6 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh), apelando a la reciprocidad por acuerdos similares firmados en 2017.
Sin embargo, las autoridades colombianas rechazaron la propuesta de plano, aclarando que su sistema opera bajo un mercado libre regulado por la oferta y la demanda. En periodos de escasez y alta demanda, los costos de exportación de Colombia superaron los 26 centavos de dólar por kWh, volviendo inviable la tarifa fija que pretendía Quito. Sin capacidad para negociar desde una posición de fuerza y con los apagones ya encima de la población, el Gobierno de Noboa no tuvo más opción que ceder y desmontar el recargo impositivo.
Un respiro para el bolsillo ciudadano en pleno apagón
Además de buscar un acercamiento que permita reactivar la interconexión eléctrica con el vecino país, la eliminación de la tasa busca frenar un golpe doble para los ecuatorianos. Los gremios comerciales advirtieron que mantener el arancel provocaría una fuerte escalada inflacionaria en productos básicos de consumo diario y medicinas que provienen de Colombia.
En momentos en que los negocios y hogares de las 15 provincias afectadas deben afrontar las pérdidas económicas derivadas de las cuatro horas diarias sin luz, el desmantelamiento de este impuesto fronterizo llega como un alivio necesario para evitar el encarecimiento de la vida en medio de la oscuridad.
