A inicios de marzo de 2024 (bajo la denominada "Operación Exterminio Total"), el Gobierno de Ecuador anunció un exitoso bombardeo en la zona fronteriza de San Martín, provincia de Sucumbíos. El operativo fue presentado oficialmente como un golpe estratégico contra campamentos de grupos narcoterroristas y laboratorios de procesamiento de droga, supuestamente con apoyo de inteligencia del Comando Sur de EE. UU.

Principales Revelaciones del Artículo:

• Falsos Objetivos Militares: Investigaciones en el sitio y testimonios de pobladores contradicen la versión oficial. El lugar bombardeado no funcionaba como un campamento ilegal, sino como una finca productora de leche y ganado.
• Destrucción de Propiedad Civil: El dueño del predio (un agricultor de 32 años) y los trabajadores locales aseguran que el ataque destruyó viviendas, calcinó animales y acabó con infraestructura agrícola (maquinaria para producción de queso y establos), dejando a la familia sin su sustento económico.
• Denuncias de Abusos: Habitantes de la comunidad denuncian que, días antes del bombardeo, militares ingresaron a la zona y habrían quemado casas deliberadamente para asegurar que estuvieran vacías al momento del ataque aéreo. Además, se reportan detenciones arbitrarias y presuntas torturas a campesinos que fueron acusados de ser "colaboradores de la guerrilla".
• Conflicto Diplomático: El evento generó tensión con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que el bombardeo afectó territorio colombiano y cuestionara la cifra de supuestas víctimas (mencionando inicialmente 27 cuerpos calcinados, lo cual fue negado por Ecuador).

Conclusión: El informe pone en duda la precisión de la inteligencia militar y la legalidad de los procedimientos utilizados en el estado de excepción. Mientras el Gobierno defiende el operativo como parte de su lucha contra las mafias, las organizaciones de derechos humanos y los testimonios locales sugieren que se trató de un error táctico con graves consecuencias para civiles inocentes, enmarcado en una posible vulneración de derechos fundamentales.

FUENTE: Radio Pichincha